El Banco Central de Argentina permitirá a las entidades bancarias ofrecer servicios de criptomonedas a partir de abril de 2026, según reportes del 8 de diciembre de 2025. El país se convierte así en la primera gran economía de América Latina en regular la oferta de activos digitales por parte de su banca tradicional.
La medida revierte la prohibición que impedía a los bancos facilitar operaciones con criptomonedas para sus clientes. El BCRA está redactando las normas definitivas que entrarán en vigor dentro de seis meses, coincidiendo con el segundo año del gobierno del presidente Javier Milei.
Qué servicios podrán ofrecer los bancos argentinos
El borrador normativo no especifica aún qué servicios concretos estarán permitidos. Las opciones incluyen custodia de activos digitales, compraventa de criptomonedas mediante cuentas bancarias, y emisión de stablecoins respaldadas por depósitos en pesos o dólares.
Fuentes del sector bancario argentino consultadas en diciembre de 2025 señalaban que la prioridad inicial será permitir transferencias directas entre cuentas bancarias y exchanges regulados, eliminando la necesidad de intermediarios no supervisados.
La normativa también podría habilitar a los bancos para ofrecer préstamos con garantía en Bitcoin u otras criptomonedas, aunque este punto genera división entre reguladores por el riesgo de volatilidad. Un préstamo colateralizado con Bitcoin requiere márgenes de seguridad elevados para proteger al banco ante caídas de precio del activo.
Otro servicio probable es la tokenización de depósitos bancarios, lo que permitiría a clientes convertir saldos en pesos o dólares a stablecoins emitidas por el propio banco. Esto daría acceso al mercado de criptomonedas sin abandonar el sistema financiero tradicional.
Contexto: inflación, dolarización cripto y fuga de capitales
Argentina registró una inflación acumulada superior al 200% en 2023 y 2024, lo que impulsó el uso de stablecoins como refugio. Datos de 2026 indican que el país mueve más de 8.000 millones de dólares anuales en USDT y USDC, principalmente para ahorro y transferencias internacionales.
La prohibición bancaria obligaba a los usuarios a operar a través de plataformas no reguladas o cuevas digitales, con el riesgo de fraude y lavado de dinero asociado. El BCRA perdía visibilidad sobre estos flujos, que no figuraban en estadísticas oficiales de balanza de pagos.
El cambio regulatorio busca traer esa actividad al sistema supervisado. Argentina ya compartió datos fiscales de operaciones cripto con 77 países en 2026, según acuerdos de intercambio automático de información tributaria. La integración bancaria facilitará ese seguimiento.
El sector financiero argentino maneja depósitos totales por 150.000 millones de dólares, según cifras del BCRA de septiembre de 2026. Si apenas el 5% de ese capital rotara hacia servicios cripto ofrecidos por bancos, el volumen superaría los 7.500 millones de dólares, igualando la actividad actual en plataformas no reguladas.
Comparación regional: Brasil vigila, México restringe
Brasil implementó en 2026 vigilancia en tiempo real de las operaciones con criptomonedas, obligando a exchanges a reportar transacciones al Banco Central. La medida busca control, no prohibición: los bancos brasileños pueden ofrecer servicios cripto bajo licencia específica desde 2025.
México tomó el camino opuesto. El gobierno anunció en 2026 que reservará la emisión de stablecoins exclusivamente a instituciones bancarias reguladas, bloqueando a emisores privados como Tether o Circle. Los bancos mexicanos aún no pueden ofrecer servicios cripto directos a clientes minoristas.
Argentina se posiciona entre ambos modelos: regulación con apertura, similar a Brasil, pero sin restricciones de emisión como México. El resultado será visible a partir de abril de 2026, cuando las primeras entidades presenten sus solicitudes al BCRA para operar activos digitales.
La decisión también contrasta con el enfoque europeo. MiCA exige auditorías exhaustivas y reservas líquidas del 100% para stablecoins, lo que ha expulsado a Tether del continente. Argentina parece optar por supervisión sin asfixiar la innovación mediante requisitos de capital inviables.