Francia impulsa CARF: 47 países reportarán datos cripto desde 2027
El Senado francés aprobó el 28 de octubre de 2026 el proyecto de ley número 921 que implementará CARF (Crypto Asset Reporting Framework), el marco de reporte de criptomonedas de la OCDE. La medida representa un cambio fundamental en la forma en que las autoridades fiscales de todo el mundo intercambiarán información sobre operaciones con criptomonedas, afectando directamente a inversores españoles y otros contribuyentes europeos.
Según la iniciativa, 47 jurisdicciones, incluyendo España, comenzarán a compartir datos sobre transacciones cripto a partir de 2027. El grupo incluye a los 38 miembros de la OCDE y nueve territorios offshore y jurisdicciones asociadas, como las Islas Caimán y Gibraltar. Actualmente, China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Turquía no participan en la iniciativa.
¿Qué es CARF y cómo funciona?
CARF es un framework de la OCDE diseñado para que las plataformas de intercambio de criptomonedas y otros proveedores de servicios criptográficos reporten información sobre sus clientes a las autoridades fiscales locales. A diferencia de los actuales acuerdos bilaterales entre países, CARF permite un intercambio automático y multilateral de datos sobre criptoactivos mediante un acuerdo compartido.
Las plataformas deberán reportar datos de identificación de los usuarios, incluyendo nombre, residencia fiscal y número de identificación tributaria. También informarán sobre el número de transacciones realizadas y el valor total de los activos, desglosados por tipo de operación (compra, venta, conversión entre cripto). Las transferencias a billeteras de autocustodia serán reportadas de forma agregada, sin detalles de transacciones individuales.
El marco no pretende revelar el historial completo de operaciones de cada usuario ni otorgar a las autoridades acceso a claves privadas o fondos. Sin embargo, sí establece un mecanismo transparente mediante el cual los gobiernos pueden realizar cruces de información fiscal internacional.
Impacto para España y la privacidad fiscal
Para los inversores españoles, CARF significa que sus operaciones con criptomonedas, realizadas en plataformas globales, serán reportadas a la Agencia Tributaria española. Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria compartirá información sobre operadores españoles con las autoridades de otros 46 países participantes. El objetivo declarado es combatir la evasión fiscal internacional, pero implica un nivel de transparencia nunca antes visto en el mercado cripto.
España ya opera bajo las reglas DAC8 de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2026, que obligan a las plataformas a reportar operaciones financieras. CARF amplía ese mecanismo a escala global y específicamente a criptoactivos, creando un estándar internacional uniformado.
Cronograma y próximos pasos
Aunque el Senado francés aprobó el proyecto el 28 de octubre, aún debe pasar por la Asamblea Nacional de Francia para convertirse en ley. Una vez aprobado en Francia, otros países seguirán procedimientos similares para transponer CARF a su derecho interno antes de que los intercambios de información comiencen en 2027.
Para 2029, la iniciativa proyecta la participación de 77 jurisdicciones, con potenciales adhesiones de Suiza y Estados Unidos, aunque estas expansiones aún no son confirmadas. Las diferencias normativas entre países pueden causar retrasos en la implementación, pero el compromiso de los 47 miembros actuales es trasponerlo rápidamente.
Contexto regulatorio más amplio
La aprobación de CARF se produce en un momento de intenso escrutinio regulatorio global sobre criptomonedas. MiCA, la regulación europea que entró en vigor este año, ya establece requisitos estrictos para proveedores de servicios cripto. CARF complementa esos requisitos al añadir un componente de transparencia fiscal internacional.
Simultáneamente, otros países como Francia han propuesto medidas tributarias específicas. El país galo estudia gravar conversiones entre criptomonedas y stablecoins a partir de 2027, con alícuotas que alcanzarían el 31,4% en algunos casos. Estas medidas se suman al entorno regulatorio que CARF refuerza.
Reacciones del sector cripto
Analistas como los de Chainalysis han advertido que impuestos y reporte automático tan agresivos podrían impulsar a operadores hacia jurisdicciones no participantes en CARF o plataformas descentralizadas no reguladas. El debate entre soberanía financiera individual y cumplimiento tributario internacional seguirá siendo tenso en el mercado cripto durante los próximos meses.
Para inversores españoles, la recomendación general es mantener registros claros de todas las operaciones cripto, ya que el reporte automático hace que la falta de transparencia sea cada vez más costosa desde el punto de vista tributario.