Argentina congela la integración cripto en bancos por dos años
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que no impulsará la integración de criptoactivos en la banca ni en los canales de pago durante los próximos dos años. La decisión sobre Argentina cripto llega el 11 de octubre de 2026, cuando Juan Curutchet, titular de Regulación Financiera y Cambiaria del organismo, comunicó la extensión de la prohibición vigente desde 2022 sin establecer un cronograma de levantamiento gradual.
La medida llega en un contexto paradójico para Argentina. El país registró un volumen de operaciones cripto superior a los 88 500 millones de dólares en los doce meses finalizados el 30 de junio de 2026, según datos de Odaily Planet Daily citados por DiarioBitcoin. Sin embargo, esta actividad transcurre completamente fuera del sistema bancario tradicional, que permanece vetado para ofrecer servicios relacionados con criptomonedas desde hace cuatro años.
La brecha entre el discurso y la regulación
La decisión del BCRA contrasta con las declaraciones previas del gobierno de Javier Milei, quien durante su campaña expresó simpatías hacia las criptomonedas y criticó la banca central. En diciembre de 2025, varios medios anticipaban que la autoridad monetaria permitiría a los bancos ofrecer servicios cripto a partir de abril de 2026. Esa expectativa quedó desmentida.
Curutchet vinculó la cautela a la situación económica del país, señalando que las condiciones actuales no ofrecen suficiente margen para adoptar tales medidas. No especificó indicadores concretos ni umbrales que deberían cumplirse para revisar la política. Tampoco estableció un calendario de evaluación intermedia durante el período de congelamiento.
Grupos bancarios exploran alternativas fuera del perímetro regulado
Mientras el BCRA mantiene cerrada la puerta institucional, algunos conglomerados bancarios trabajan en un proyecto de stablecoin a través de entidades independientes. El esquema contempla usos como dinero programable, gestión de tesorería y créditos respaldados por garantías. No se han revelado nombres de participantes ni fechas de lanzamiento.
Esta vía paralela refleja la tensión entre la demanda del sector privado y la resistencia regulatoria. Las entidades financieras buscan mantener relevancia en un mercado que opera mayoritariamente en plataformas no bancarias, pero el veto del BCRA las obliga a estructurar esos servicios fuera de su negocio tradicional.
Comparación con otros mercados de la región
La postura de Argentina diverge de las tendencias observadas en otros países latinoamericanos. Brasil fijó plazos concretos para el licenciamiento de exchanges y avanza en la tokenización de activos. México mantiene restricciones, pero permite a instituciones de tecnología financiera operar con criptoactivos bajo ciertas condiciones.
El congelamiento argentino también se aleja del modelo europeo, donde la regulación MiCA establece requisitos exigentes pero habilita la operación de criptoactivos dentro de un marco legal definido. En Argentina, por el contrario, la prohibición se prolonga sin un camino claro hacia la normalización.
Perspectivas a mediano plazo
Curutchet sugirió que el tema podría debatirse durante un eventual segundo mandato de Milei, cuyo período actual termina en 2027. Esta mención no constituye un compromiso formal, y el artículo de DiarioBitcoin la presenta como una posibilidad, no como un plan concreto.
Para las entidades financieras que aspiraban a integrar servicios cripto, el anuncio extiende la incertidumbre al menos hasta 2028. Durante ese lapso, el mercado seguirá operando en plataformas no bancarias, consolidando una segmentación que dificulta la aplicación de controles prudenciales y complica la trazabilidad fiscal de las operaciones.
El congelamiento de la regulación Argentina cripto por dos años adicionales mantiene al sistema bancario tradicional fuera de un mercado de casi 90 000 millones de dólares anuales. Esta exclusión prolonga la segmentación entre la banca regulada y las plataformas no bancarias, dificultando la aplicación de controles prudenciales y la trazabilidad fiscal en un sector que representa más del 20% del PIB del país en volumen de operaciones anuales.