La directiva DAC8 de la Unión Europea entró en vigor el 1 de enero de 2026, estableciendo el marco de reporte fiscal más estricto aplicado hasta ahora a las criptomonedas. Los exchanges y proveedores de servicios de activos cripto deben informar a las autoridades tributarias sobre todas las transacciones de sus usuarios, con el primer plazo de entrega fijado para el 1 de julio de 2026.
Los 27 estados miembros debían transponer DAC8 a su legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2025. España lo hizo mediante modificaciones al modelo 721 y la creación de nuevos formularios de declaración para plataformas cripto bajo supervisión de la Agencia Tributaria y la CNMV.
Qué deben reportar los exchanges a partir de 2026
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs por sus siglas en inglés) deben informar datos detallados de cada usuario: identificación completa, saldos en cuentas, transacciones individuales de compra y venta, transferencias entre billeteras, y ganancias o pérdidas realizadas en el periodo fiscal.
A diferencia del reporte bancario, que en la mayoría de países europeos solo se activa con movimientos superiores a 250.000 euros, el umbral para criptomonedas es cero. Incluso un intercambio de 2 euros debe ser reportado, según explicó un especialista fiscal consultado en enero de 2026.
El primer periodo de reporte cubre las transacciones del año 2026 completo. Los CASPs deben entregar la información a las autoridades nacionales antes del 1 de julio de 2026, y estas la intercambiarán con otros países de la UE antes del 30 de septiembre de 2027.
Impacto en el contribuyente español: modelo 721 bajo lupa
España ya exigía declarar criptomonedas mediante el modelo 721 para saldos superiores a 50.000 euros en el extranjero. DAC8 elimina ese umbral: la Agencia Tributaria recibirá automáticamente información sobre todas las cuentas y operaciones, sin importar el monto.
Esto convierte al modelo 721 en redundante para quien opera en plataformas europeas registradas bajo MiCA. El exchange ya reportó los datos, y la Agencia Tributaria los recibe directamente. La obligación de presentar el modelo persiste, pero ahora Hacienda puede cruzar ambas fuentes y detectar omisiones con precisión absoluta.
El IRPF también cambia: las ganancias cripto declaradas por el contribuyente deben coincidir con lo que reportó el exchange. Una discrepancia de incluso 50 euros puede generar una inspección automática, según advertencias emitidas por asesores fiscales en marzo de 2026.
Exchanges fuera de la UE: el agujero en DAC8
La directiva solo aplica a proveedores que operan en territorio europeo o tienen licencia MiCA. Plataformas extranjeras sin presencia legal en la UE no están obligadas a reportar, aunque atienden clientes españoles.
Esto crea un incentivo perverso: migrar fondos a exchanges asiáticos o latinoamericanos que no comparten información fiscal. Sin embargo, las transferencias bancarias desde cuentas europeas hacia esas plataformas quedan registradas, y los bancos sí reportan movimientos sospechosos bajo normativas anti-lavado.
La CNMV ordenó en septiembre de 2026 que los exchanges sin licencia MiCA devuelvan fondos a usuarios españoles y cesen operaciones. Quien mantenga criptomonedas en esas plataformas después del plazo enfrenta el riesgo de perder acceso a sus activos, además de la exposición fiscal.
Comparativa: DAC8 frente a CARF y el modelo estadounidense
La OCDE lanzó el Marco Común de Reporte de Criptoactivos (CARF) en 2023, diseñado para países fuera de la UE. Estados Unidos planea implementar su propio sistema con el formulario 1099-DA a partir de 2027, aunque con umbrales más altos: solo transacciones superiores a 10.000 dólares requieren reporte detallado.
DAC8 es más exhaustivo que CARF porque no establece umbrales mínimos y cubre también NFT y ciertos tokens DeFi. La UE justifica la rigurosidad argumentando que las criptomonedas se usan para evasión fiscal a escala masiva, aunque datos públicos de 2026 no respaldan esa magnitud.
El resultado es que un inversor europeo enfrenta carga administrativa superior a un estadounidense o latinoamericano con la misma actividad cripto. Esto alimenta el debate sobre si DAC8 protege al fisco o expulsa capital e innovación fuera del continente.