El Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio de 2026 un anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales que mete de lleno a las plataformas cripto en la vigilancia financiera del Estado. El texto está en consulta pública hasta el 30 de septiembre de 2026. Su efecto es directo: los exchanges que operan en España tendrán que informar sobre sus clientes igual que ya lo hacen los bancos.
La norma incorpora a las plataformas cripto al Fichero de Titularidades Financieras, un registro que el sistema bancario tradicional alimenta desde comienzos de la década de 2010. La gestión recaerá en la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera, conocida como ANIFI.
Qué tendrán que declarar
Las plataformas deberán comunicar cinco tipos de datos por cada cuenta: la apertura y el cierre, la identidad del titular y de los cotitulares, la entidad que ejerce la custodia, la categoría de los activos y las fechas de las operaciones. Quedan fuera dos elementos: el saldo de la cuenta y el detalle de cada movimiento. Es decir, el Estado sabrá quién tiene cuenta y dónde, pero no cuánto guarda ni en qué gasta.
Quién podrá consultar el registro
Cinco tipos de organismos accederán a la base de datos sin pedir permiso caso por caso: la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, los jueces y fiscales, y el Centro Nacional de Inteligencia. Es el mismo esquema de acceso directo que rige desde hace años para las cuentas bancarias. La medida se alinea con los estándares del GAFI contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. El Fichero de Titularidades Financieras funciona desde comienzos de la década de 2010 para el sector bancario, y ahora ampliará su alcance a los proveedores de servicios de criptoactivos que ya operan bajo el paraguas de MiCA.
Qué cambia para el usuario
Para quien invierte en España, el cerco administrativo se estrecha por dos frentes a la vez. Por un lado está la parte fiscal, que ya obliga a informar de las carteras a través del modelo 721 y el IRPF para declarar criptomonedas en España. Por otro, la CNMV mantiene su presión sobre las licencias, como cuando obligó a los exchanges sin licencia MiCA a devolver fondos.
El marco se completa con un dato incómodo para el sector: pocas firmas cripto españolas tienen su propia licencia MiCA. Con el nuevo fichero, la trazabilidad de las operaciones deja de depender de peticiones puntuales y pasa a ser permanente. La consulta pública cierra el 30 de septiembre, y el texto todavía puede cambiar antes de llegar al Parlamento. Hasta entonces, asociaciones del sector y despachos especializados podrán presentar alegaciones sobre los cinco datos exigidos y sobre el acceso directo de los cinco organismos citados.