El Consejo de Ministros aprobo el 28 de julio de 2026 un anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales que mete de lleno a las plataformas cripto en la vigilancia financiera del Estado. El texto esta en consulta publica hasta el 30 de septiembre de 2026. Su efecto es directo: los exchanges que operan en Espana tendran que informar sobre sus clientes igual que ya lo hacen los bancos.
La norma incorpora a las plataformas cripto al Fichero de Titularidades Financieras, un registro que el sistema bancario tradicional alimenta desde comienzos de la decada de 2010. La gestion recaera en la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera, conocida como ANIFI.
Que tendran que declarar
Las plataformas deberan comunicar cinco tipos de datos por cada cuenta: la apertura y el cierre, la identidad del titular y de los cotitulares, la entidad que ejerce la custodia, la categoria de los activos y las fechas de las operaciones. Quedan fuera dos elementos: el saldo de la cuenta y el detalle de cada movimiento. Es decir, el Estado sabra quien tiene cuenta y donde, pero no cuanto guarda ni en que gasta.
Quien podra consultar el registro
Cinco tipos de organismos accederan a la base de datos sin pedir permiso caso por caso: la Policia Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, los jueces y fiscales, y el Centro Nacional de Inteligencia. Es el mismo esquema de acceso directo que rige desde hace anos para las cuentas bancarias. La medida se alinea con los estandares del GAFI contra el blanqueo y la financiacion del terrorismo. El Fichero de Titularidades Financieras funciona desde comienzos de la decada de 2010 para el sector bancario, y ahora ampliara su alcance a los proveedores de servicios de criptoactivos que ya operan bajo el paraguas de MiCA.
Que cambia para el usuario
Para quien invierte en Espana, el cerco administrativo se estrecha por dos frentes a la vez. Por un lado esta la parte fiscal, que ya obliga a informar de las carteras a traves del modelo 721 y el IRPF para declarar criptomonedas en Espana. Por otro, la CNMV mantiene su presion sobre las licencias, como cuando obligo a los exchanges sin licencia MiCA a devolver fondos.
El marco se completa con un dato incomodo para el sector: pocas firmas cripto espanolas tienen su propia licencia MiCA. Con el nuevo fichero, la trazabilidad de las operaciones deja de depender de peticiones puntuales y pasa a ser permanente. La consulta publica cierra el 30 de septiembre, y el texto todavia puede cambiar antes de llegar al Parlamento. Hasta entonces, asociaciones del sector y despachos especializados podran presentar alegaciones sobre los cinco datos exigidos y sobre el acceso directo de los cinco organismos citados.