La ley CLARITY Act no logró avanzar en el Senado de Estados Unidos el 15 de septiembre de 2026, al obtener 46 votos a favor y 43 en contra, por debajo de los 60 necesarios para la cloture. La votación cierra un año de negociaciones entre demócratas y republicanos que finalmente colapsaron por desacuerdos sobre normas de ética para funcionarios que poseen criptomonedas.
Siete senadores demócratas que habían participado en las conversaciones durante meses, incluidos Kirsten Gillibrand, Mark Warner, Cory Booker, Raphael Warnock, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks y Catherine Cortez Masto, votaron en contra de permitir el debate. La sorpresa no fue el resultado final, cuya probabilidad había caído al 20% la víspera según mercados de predicción, sino que quienes llevaban la negociación fueran los que la bloquearan.
Qué exigían los demócratas y por qué los republicanos dijeron no
Los demócratas condicionaban su voto a la inclusión de reglas de ética más estrictas en la ley CLARITY, que extendieran las obligaciones de divulgación a familiares de funcionarios federales y que exigieran la venta de tenencias significativas de criptomonedas en un plazo de 180 días. Los republicanos rechazaron la contrapropuesta final, argumentando que ya habían aceptado 126 cambios sustantivos al texto original.
La senadora Cynthia Lummis, republicana por Wyoming y una de las impulsoras de la ley, declaró tras el voto que consideraba el proyecto terminado. "Creo que hemos terminado. Se acabó. Porque hemos estado trabajando en este proyecto durante más de un año y les hemos concedido más de 120 de sus peticiones", afirmó según reportó la periodista Eleanor Terrett, quien añadió que un líder de la industria le envió un mensaje diciendo simplemente "murió".
La oficina del senador Mark Warner defendió las provisiones de ética como "salvaguardas de sentido común" esenciales para la protección del consumidor y la seguridad nacional. El desacuerdo revela que el obstáculo no era técnico ni económico, sino político: cómo equilibrar la promoción de la industria cripto con la prevención de conflictos de interés en el gobierno.
Qué habría cambiado la ley CLARITY
La ley habría establecido que la mayoría de los criptoactivos se regulan como commodities bajo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), no como valores bajo la Securities and Exchange Commission (SEC). Esta distinción es crucial porque el marco de valores impone requisitos de registro mucho más estrictos y costosos, que muchos proyectos cripto consideran incompatibles con sus modelos descentralizados.
También habría creado un marco claro para que los exchanges de criptomonedas se registraran como plataformas de negociación de commodities digitales, con supervisión de la CFTC en lugar de tener que fragmentar operaciones entre múltiples reguladores. Coinbase, Kraken y Gemini habían expresado apoyo público a esta sección del proyecto.
Para stablecoins, la ley CLARITY incluía disposiciones que permitirían a emisores fuera del sector bancario obtener licencias federales, siempre que mantuvieran reservas auditables. Circle, emisor de USDC, había señalado que este marco le daría certeza regulatoria sin forzarlo a convertirse en banco.
Otro elemento que ahora queda en el limbo es la posibilidad de que proyectos establecidos obtuvieran un puerto seguro regulatorio, un período de gracia durante el cual podrían operar bajo reglas menos estrictas mientras demuestran descentralización suficiente para no ser considerados valores.
Qué pasa ahora con los casos abiertos de la SEC
El fracaso de la ley CLARITY deja intacto el enfoque de la SEC, que ha tratado a muchos tokens como valores no registrados. Casos activos contra Ripple (XRP), Coinbase y otros exchanges no obtienen el alivio que habrían recibido si la ley CLARITY hubiera reclasificado esos activos como commodities.
La SEC también mantiene su discrecionalidad sobre si permitir staking dentro de los ETF de ethereum y otros activos de proof-of-stake. Aunque la agencia ha señalado apertura en declaraciones recientes, la ausencia de un mandato legislativo significa que puede revertir esa postura en cualquier momento.
Para los exchanges que operan en Estados Unidos, la indefinición regulatoria continúa. Sin un registro específico para plataformas de activos digitales, deben elegir entre registrarse como broker-dealer de valores, como exchange de futuros, o arriesgarse a operar en una zona gris que los expone a demandas. Binance.US, por ejemplo, ha reducido drásticamente su oferta de tokens precisamente para evitar conflictos con la SEC.
Cómo afecta el fallo a XRP y otros activos en disputa
XRP había visto flujos hacia sus ETF en los días previos al voto, impulsados por la expectativa de que CLARITY resolvería su estatus legal. Ripple argumenta que XRP no es un valor porque no hay una entidad central que controle la red, pero la SEC sostiene que las ventas iniciales de Ripple constituyeron una oferta de valores no registrada.
Con la ley bloqueada, el caso de Ripple seguirá su curso judicial, donde ya obtuvo una victoria parcial en 2023 al lograr que un juez dictaminara que las ventas secundarias de XRP en exchanges no son ventas de valores. Sin embargo, las ventas institucionales directas de Ripple sí fueron consideradas valores, y esa distinción sigue generando incertidumbre sobre cómo se clasificarán futuras transacciones.
Otros proyectos que esperaban claridad incluyen Cardano, Solana y Polygon, todos los cuales han enfrentado señalamientos de la SEC en diferentes contextos. La ausencia de CLARITY significa que cada uno deberá negociar individualmente con los reguladores o esperar a que los tribunales establezcan precedentes caso por caso, un proceso que puede tomar años.
Qué opciones quedan para aprobar regulación cripto
Los republicanos podrían intentar un proyecto más limitado que omita las provisiones de ética, pero eso requeriría renunciar al apoyo demócrata y conformarse con una ley aprobada solo por su bancada, lo que haría difícil alcanzar los 60 votos necesarios para superar un filibustero en el Senado.
Los demócratas podrían presentar su propia versión que priorice las protecciones al consumidor y las reglas de ética, pero sin apoyo republicano esa ley tampoco avanzaría. El escenario más probable es que la regulación cripto quede congelada hasta después de las elecciones de noviembre de 2026, cuando la composición del Congreso podría cambiar.
Mientras tanto, la CFTC y la SEC seguirán regulando por separado, con la CFTC supervisando derivados de criptomonedas y la SEC persiguiendo lo que considera ventas ilegales de valores. Esta fragmentación es precisamente lo que CLARITY intentaba resolver, pero el colapso de las negociaciones sugiere que el consenso político necesario para unificar la regulación aún no existe.
Para la industria cripto en Estados Unidos, el mensaje es claro: la certeza regulatoria no llegará por vía legislativa en 2026, y las empresas deberán seguir navegando un marco fragmentado donde las reglas cambian según el regulador, el activo y el contexto de la transacción.