El dilema de América Latina entre innovación y control
Alejo Campos, director para América Latina de Crime Stoppers International, pidió regular cripto en América Latina para evitar que el sector quede en manos de organizaciones criminales. La advertencia se produjo durante el Foro Technovation Argentina celebrado en Buenos Aires el 8 de octubre de 2026.
"Ahora, además de la frase de follow the money, se debe decir follow the data", declaró Campos. El principio refleja la nueva realidad de las investigaciones financieras: los fondos ilícitos ya no se esconden en efectivo, sino en billeteras digitales almacenadas en teléfonos móviles. Un sospechoso puede llevar miles de dólares sin que los investigadores encuentren dinero físico durante los allanamientos.
La propuesta de regular cripto en América Latina surge cuando la región maneja volúmenes crecientes de activos digitales sin marcos legales adecuados. Los gobiernos enfrentan la presión de proteger a los ciudadanos sin frenar la innovación financiera que beneficia a millones.
América Latina maneja $31.500 millones anuales en transacciones con stablecoins, según datos de análisis on-chain citados previamente. El volumen posiciona a la región como adoptante temprano de monedas estables, principalmente USDT y USDC, utilizadas para remesas, ahorro dolarizado y pagos transfronterizos.
Cuando los controles débiles abren la puerta al crimen
Campos subrayó que los activos digitales no fueron creados para el lavado de dinero, pero los grupos criminales pueden aprovecharlos cuando los controles son débiles. La comparación con puertos y cadenas logísticas es directa: infraestructuras legítimas que, sin supervisión adecuada, se convierten en herramientas del crimen organizado.
El contrabando de cigarrillos ilustra el problema. Campos advirtió que no debe tratarse como un simple delito aduanero o fiscal, sino como parte de un portafolio criminal más amplio. Los grupos transnacionales comparten rutas, cadenas de suministro y redes de corrupción. Los activos digitales entran en esa misma lógica: un canal más dentro de una infraestructura criminal integrada.
El rastreo de flujos financieros se ha vuelto más difícil a medida que el mercado cripto se expande sin marcos regulatorios claros. La falta de registros centralizados y la facilidad para mover fondos entre jurisdicciones complican las investigaciones. Los organismos de aplicación de la ley necesitan leyes actualizadas, expertise especializado y tecnología adecuada para seguir el dinero en su nueva forma digital.
El mosaico regulatorio de la región
La regulación cripto en América Latina avanza a ritmos dispares. Argentina permitirá a bancos ofrecer cripto desde abril de 2026, abriendo canales institucionales bajo supervisión del Banco Central. La medida busca canalizar la demanda existente hacia entidades reguladas.
En contraste, Brasil prohibió stablecoins en pagos transfronterizos como parte de su estrategia para proteger el real digital y mantener control sobre las transacciones internacionales. La medida refleja la tensión entre adopción y soberanía monetaria.
México enfrenta presiones crecientes para endurecer los controles. El artículo del 8 de octubre en El Financiero reportó llamados a regular cripto en América Latina para rastrear fondos ilícitos digitalizados. Sin embargo, el país aún no cuenta con un marco completo que equilibre innovación y prevención del lavado de dinero.
Educación y tecnología como complemento de la ley
Campos propuso tres ejes de acción: fortalecer las leyes, desarrollar expertise especializado y adoptar tecnología adecuada en las instituciones que investigan flujos financieros. La regulación por sí sola no basta si los organismos encargados carecen de herramientas para analizar transacciones on-chain o rastrear mixers y servicios de privacidad.
El sector cripto legítimo también necesita claridad. Las stablecoins en América Latina cumplen funciones económicas reales: protección contra la inflación, acceso a dólares digitales y costos de remesas más bajos. Cualquier marco regulatorio debe distinguir entre uso legítimo y actividad criminal sin ahogar la innovación.
La región enfrenta una paradoja: la misma tecnología que permite a millones de personas acceder a servicios financieros también puede facilitar el lavado de dinero si no se implementan controles adecuados. El desafío es diseñar regulaciones que preserven los beneficios mientras cierran las brechas que aprovechan los criminales.
El camino hacia un marco regional coordinado
La fragmentación regulatoria actual genera arbitraje: lo que está prohibido en un país se ejecuta desde otro. Sin coordinación regional, los esfuerzos nacionales pierden efectividad. Los grupos criminales operan sin fronteras, pero las autoridades siguen confinadas a jurisdicciones nacionales. Regular cripto en América Latina requiere cooperación entre países para cerrar brechas transfronterizas.
El llamado de Crime Stoppers llega en un momento crítico. Los volúmenes de transacciones cripto en América Latina crecen mientras los marcos legales se retrasan. La ventana para regular de manera proactiva, antes de que los problemas se arraiguen, se estrecha. La pregunta ya no es si regular, sino cómo hacerlo sin destruir el mercado que se intenta proteger.
La propuesta de "follow the data" reconoce que las herramientas del siglo XX no funcionan contra el crimen del siglo XXI. Los gobiernos de la región deben decidir si construyen capacidades para supervisar el sector o si permiten que quede fuera del alcance de la ley. La decisión definirá el equilibrio entre innovación financiera y seguridad pública en los próximos años.